En el tejido empresarial de España, que está formado en un 99% por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y trabajadores autónomos, la conversación sobre el cumplimiento de las normas sigue causando cierto desgaste. No porque sea un asunto insignificante, sino porque tiene la reputación de ser algo pesado, técnico y, principalmente, aburrido.

Para muchos autónomos y pymes, la ejecución de la ley no se realiza con claridad, organización y recursos suficientes, sino con una combinación de fatiga, rechazo y resignación. ¿Por qué? Porque se vincula con procedimientos interminables, gastos superfluos y una carga que desvía la atención de lo que realmente importa: operar el negocio.

Durante años, se ha visto el cumplimiento normativo como un proceso oneroso, particularmente en los sectores que tienen regulaciones rigurosas o varias capas de leyes. No es tanto la necesidad de acoplarse a la ley lo que constituye el problema, sino la impresión de estar dedicando dinero y tiempo a algo que no produce un retorno inmediato. De esta manera, se vuelve una obligación, pero no es vista como un medio para hacer crecer el negocio.

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